PERSECUCIÓN DE LA IGLESIA

Me dirijo a Ud. en mi calidad de ciudadano para manifestarle mi más profunda preocupación por el proyecto que pretende modificar tres artículos de nuestra Constitución (el 1, el 19 y el 20), con el supuesto objetivo de garantizar los derechos de nuestros niños y adolescentes.
En primer lugar, considero absolutamente innecesario modificar el art. 1 de nuestra Carta Fundamental porque el que existe otorga plenas garantías a los ciudadanos de nuestro país, incluidos los menores de 18 años, considerando los dos principios esenciales que enuncia: “que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos” y que “la familia es el núcleo fundamental de la sociedad”.
En segundo término, el proyecto eleva las funciones del Estado por sobre las propias de los padres y las familias, bajo el supuesto implícito de que los mismos padres podrían, en algún momento, llegar a vulnerar los derechos de sus propios hijos. Esa visión nace de la doctrina que Uds. tan elegantemente llaman “enfoque de género” y los ciudadanos en Chile ya sabemos que se trata de ideología pura, destructora del rol natural e inalienable con que cuentan los padres, por encima del Estado o el Gobierno de turno. Llamamos, en cambio, a resguardar los derechos de la infancia vulnerada a manos del propio Estado, encarnada en la vergonzosa gestión del SENAME, durante los últimos gobiernos.
Nuestros hijos no necesitan ser defendidos de sus propios padres, sino todo lo contrario: de quienes nosotros debemos defenderlos es precisamente de los gobernantes y parlamentarios defensores de un reordenamiento jurídico que se está instaurando a nivel global en el mundo y que acabará reduciendo a los padres al solo papel reproductor (biológico) de los “nuevos ciudadanos del mundo”, “propiedad del Estado” para los fines que éste determine, pasando a llevar nuestra patria potestad.
En tercer lugar, no permitiremos por ningún motivo que la soberanía legislativa nacional sea afectada, supeditando los principios de nuestra carta Fundamental a tratados y convenciones internacionales cuyo propósito -a estas alturas develado- es transformar la estructura y funcionalidad del núcleo esencial de nuestra sociedad: la FAMILIA, para configurar un “nuevo orden”, sobre la base de un ficticio conflicto entre hombres y mujeres, y ahora en más, entre los hijos y sus padres. ¡No lo permitiremos!
Por todo lo anterior, rechazo abiertamente, como ciudadano de este país, que un grupo de parlamentarios así como de funcionarios públicos, financiados por nuestros propios impuestos, determinen modificar las bases institucionales de nuestra cultura. La familia precede al Estado, lo configura y sus principios y garantías son irrenunciables.

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